Página Siete visitó poblaciones alejadas en departamentos de La Paz y Santa Cruz y comprobó irregularidades millonarias en proyectos de desarrollo.

Según la investigación, en el Fondo Indígena hay más de Bs 8 millones en “obras fantasma”.

Más aun las autoridades no lo niegan.

A pocas semanas de haber  asumido el cargo, Marco Aramayo, el nuevo director nacional del Fondo Indígena,  confirmó  a Página Siete  casos  de corrupción dentro de esa entidad y  anunció auditorías a todos los proyectos y procesos penales contra  funcionarios y técnicos “que se aprovecharon del desconocimiento de  la gente humilde”.

Aramayo afirmó que en la actualidad el Fondo Indígena atraviesa por “una crisis general, por lo que urge una reingeniería técnica, administrativa y económica, ya  fuera de estos  proyectos que no se ejecutaron hay muchos temas más que resolver y es necesario saber dónde realmente están estos 894 proyectos que se deberían ejecutar”.

Hoy lunes, como es costumbre en este espacio, veremos la más reciente edición de la carta informativa Siglo 21 que asegura que los sectores sociales afines al MAS se están portando de forma oportunista, saben que en plena campaña electoral el partido del presidente EMA está más decidido a ser complaciente.

Por el momento, el gobierno ha mostrado que no piensa contrariar a estos grupos:

• Un predio agrícola en producción de Santa Cruz fue desalojado por los asaltantes que al día siguiente regresaron, esta vez armados, decididos a no dar paso atrás.

• Los cooperativistas mineros anunciaron que sólo se proponen pagar 1% de impuesto, igual que los mineros chicos.

• Los cocaleros del Chapare hicieron saber que no aceptarán el informe sobre la coca y que ellos decidirán cuántas hectáreas se necesitan para atender el consumo legal.

Temas cerrados: Sectores más sutiles, como los contrabandistas, que gozan de la posibilidad de seguir operando sin problema a pesar de las prohibiciones.

Los gremialistas, que venden los productos de contrabando, observan con sonrisas de complicidad cómo el gobierno ha dejado en suspenso el plan de convertirlos en contribuyentes.

Mientras tanto, las empresas privadas como las empresas mineras medianas y grandes tienen un régimen tributario que ha sido ajustado con medidas provisionales para los casos de los metales que tuvieron un mayor incremento de precios en el mercado internacional.

Pero lo que desalienta a este sector es la falta de seguridades jurídicas para operar en Bolivia.

Entre los privilegiados: Los cocaleros tampoco quieren pagar impuestos, pero ellos no necesitan dar argumentos para hacerlo: el fisco los considera pequeños propietarios de tierras y los trata como a los agricultores del altiplano, que cultivan papa, pero que tienen una cosecha por año, mientras que los cocaleros tienen cuatro cosechas.

Los gremialistas están tranquilos, porque el proyecto del gobierno de incorporar al sistema tributario normal por lo menos a los más grandes (y millonarios) de ellos, ha sido congelado por el gobierno hasta que pasen las elecciones.

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