El Alto no es una ciudad en la que las marchas bloqueos y protestas sorprende. Pero ahora hay un movimiento que parece más extraño de lo normal.

Los vendedores de ropa usada de esa ciudad están marcharon. El problema es que es ilegal la venta de ropa usada desde 2007.

La venta de ropa usada es común en todo el país. Ayer en Santa Cruz, Los vendedores de ropa usada bloquearon la carretera a Warnes, demandando al Ministerio de Desarrollo Productivo anular el Decreto Supremo 28761 que prohíbe la internación y venta de esos productos.

Sesulta que este sector de vendedores de productos ilegales desde hace 7 años no ha dejado su actividad.

Más allá de ser una muestra del grado de poder que tiene el sector ilegal en el país, también se pone en evidencia la incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes.

El dirigente de los comercializadores de ropa usada de la ciudad de El Alto, Tomás Quispe, propuso ayer al Gobierno pagar impuestos por la venta de ropa usada, para ingresar al mercado formal, pese a que esta actividad está prohibida desde 2007.

“Si el Gobierno nos permite la importación (ropa usada) vamos a pagar impuestos, así también vamos a dar factura en algunas tiendas, pero no en las ferias ni en las calles porque ellos venden al detalle”, señaló Quispe.

Las promesas del sector son difíciles de creer pues llevan 7 años rompiendo la ley que específicamente prohíbe su actividad.

Uno de los problemas es que no hay quien haga que se cumplan las leyes, se lo ha visto, no sólo en el tema del contrabando, sino también en el tema de los avasallamientos y las drogas: el Estado y La policía son débiles frente a la ilegalidad.

En el caso de la ropa usada también hay complicidad. Los comerciantes denunciaron que la norma de 2007 sólo ha servido para que efectivos policiales extorsionen a comerciantes y gremiales, amparados en la prohibición de la venta de ropa usada.

Es decir que la policía y el stado no sólo es débil frente a esta actividad ilegal sino que es cómplice.

Los dirigentes tanto de El Alto como de Santa Cruz recuerdan que el Gobierno no ha cumplido con su parte en el caso de la prohibición de la ropa usada.

Según los dirigentes, el Gobierno no cumplió su compromiso de reconvertir al sector en pequeños productores de prendas de vestir, y mucho menos garantizó un mercado para sus productos, como señala el Decreto Supremo 28761.

Este decreto en su Artículo 3 prohíbe la importación de prendería usada a partir del 21 de abril de 2007, de manera indefectible, y la comercialización a partir del 1 de marzo de 2008.

El Artículo 5 de la norma señala que beneficiará al sector con la reconversión productiva mediante créditos, tecnología, y acceso a mercados de exportación.

 

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