En Bolivia el tema de cómo se reparten los ingresos crecientes que tiene el país se está convirtiendo en una nueva fuente de discordia entre trabajadores y el Estado Plurinacional.

La Central Obrera Boliviana (COB) anunció ayer en un ampliado nacional, que exigirá un incremento laboral basado en la canasta familiar de 8.300 bolivianos y no a la inflación de 4,54% anunciada por INE;

En tanto, los fabriles y mineros exigieron un aporte patronal de 6% para garantizar jubilaciones con al menos 70% del salario;

Los trabajadores municipales, tras su encuentro en Trinidad, también decidieron exigir al Gobierno la incorporación de 4.000 empleados municipales a la Ley general de Trabajo.

En Cochabamba, en tanto, los jubilados y rentistas protagonizaron una marcha reclamando al Gobierno mejor atención en la Caja Nacional de Salud.

Estos sectores están exigiendo recibir los beneficios de los éxitos económicos de los que las autoridades se jactan. En temas económicos, la línea oficial es que a Bolivia le está yendo de maravillas. Pues ahora los trabajadores quieren poner a prueba el discurso.

Bolivia no es el único país que enfrenta este tipo de exigencias, como no es el único país que se ha visto favorecido por el mayor aumento en el precio de las materias primas de los últimos 10 años. Es la década con el mayor aumento de la historia.

La carta informativa Siglo 21 reveló esta semana una nota del FMI que aun no se ha reproducido en ningún otro medio en Bolivia y está muy relacionada a este tema de cómo distribuir los ingresos extraordinarios que traen los altos precios de las materias primas en los países que, como Bolivia, dependen su exportación.

El FMI, cuestiona la capacidad d algunos gobiernos de usar estos recursos de forma eficiente y sugiere que sería más eficiente entregar el dinero directamente a la población.

“La limitada capacidad estatal de muchos países ricos en recursos naturales dificulta las inversiones adecuadas y eficaces. Este problema se debe no sólo a la falta de capacidad técnica de un gobierno para definir, ejecutar y supervisar proyectos clave de inversión, sino también a la corrupción en el sector público, que permite a los poderosos malgastar o malversar los recursos extraordinarios, por ejemplo, en contratos de construcción millonarios susceptibles de mala gestión.” Dice textualmente el documento.

Según el fondo, en el pasado “exportadores de materias primas tradicionales emprendieron proyectos de gasto publico ambiciosos pero a menudo derrochadores, como carreteras, puertos y ferrocarriles”. En Bolivia sabemos que esto lleva a la malversación. El fondo también alerta sobre algunos problemas que ya se están viendo nuevamente en el país como que,  “Aun después de concluidos, algunos proyectos grandes no eran rentables debido a los altos costos de operación y mantenimiento”.

Las ganancias extraordinarias derivadas de las materias primas pasan directamente por las arcas públicas y son muy susceptibles de malversación. La manipulación del gasto público, sobre todo en la adjudicación de contratos de construcción, dificulta mucho el buen uso de las ganancias extraordinarias.

Siglo 21 dice que el FMI está elaborando una formula o un modelo para ver si la ineficiencia estatal y la corrupción en cada país hace que sea más beneficioso simplemente entregar el dinero al público. El Fondo estaría tratando de definir el punto en el que simplemente es mejor entregar el dinero que dejar que el gobierno de turno lo malgaste.

La transferencia directa de los ingresos extraordinarios a los ciudadanos para complementar sus salarios y darles oportunidades de invertir y consumir, es considerada una verdadera alternativa. En Alaska gracias al petróleo, cada residente recibió US$1.300 en 2009 y en Mongolia se distribuye parte de los ingresos mineros y ahora se otorgará a cada ciudadano una cartera de acciones de empresas mineras que pagan dividendos.

Según el FMI, las transferencias sociales son uno de los mecanismos más estudiados y eficaces de asistencia para el desarrollo, hay pocos indicios de que las transferencias a los pobres desincentiven el trabajo; al contrario, los beneficiarios invierten el dinero para buscar empleo. Además, las transferencias al parecer alientan la actividad productiva de los hogares.

 

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