La campaña para traer inversionistas al país tuvo un inició muy sonado cuando el presidente Morales y el ministro de Economía además de varios otros ministros asistieron al “invirtiendo en una nueva Bolivia” organizado por el FT de Londres en Nueva York.

En esa ocasión se trató de mostrar que Bolivia tiene las condiciones necesarias que buscan los inversionistas internacionales.

Un tema principal en esta campaña de atraer inversión es la seguridad jurídica. En el evento de Nueva York, dos empresarios que habían invertido en Bolivia y fracasaron, se quejaban a gritos afuera del hotel donde se realizó el encuentro.

Roca, ex dueño de Aerosur y Ostreicher un estadounidense que quiso invertir en arroz en Bolivia se quejaban a gritos por la falta de seguridad jurídica. Y las extorciones a las que fueron sometidos en Bolivia e inclusive fuera del país en el caso e Roca.

La imagen de Bolivia ante los inversionistas extranjeros no es de las mejores en el más nuevo episodio que pone en duda la seguridad jurídica del país.

Ángel Vásquez, el embajador de España en el país dijo recientemente que “El clima de negocios, la confianza en un país es una cosa que hace falta cultivar, como todas las cosas que tienen que ver con la confianza, no se decreta, no sé decide sólo con las palabras, y en ese sentido el gobierno boliviano está haciendo grandes esfuerzos para ofrecer una imagen en el mundo de país atractivo para inversiones, que tiene sectores económicos interesantes para la inversión extranjera, ha publicado numerosas leyes en ese sentido y lo que hace falta es que la práctica acompañe a la teoría”, señaló el embajador.

Las declaraciones de Vázquez fueron una alusión directa al anuncio del gobierno en sentido de que planteará, ante la Corte Internacional de Arbitraje de París, no pagar nada a la empresa española Abertis por la nacionalización, en 2013, del Servicio de Aeropuertos de Bolivia (SABSA).

Según el propio procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, Bolivia aún enfrenta unas siete demandas internacionales por $us 880,1 millones.

La segurdad jurídica tiene varios aspectos y las nacionalizaciones y arbitrages son sólo uno de los temas delicados para los inversionistas.

Los empresarios nacionales están reclamando otro aspecto de la seguridad jurídica.

El gerente general de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Chuquisaca (Cainco), Lorenzo Catala, calificó al ministro de Económica, Luis Arce, de “poco serio” por no respetar el acuerdo que realizó el sector con el presidente Evo Morales, para que el plazo de pago del segundo aguinaldo sea ampliado hasta abril de 2016.

“(Arce) Estuvo sentado en la mesa de negociaciones al lado del presidente Morales y escuchó cómo se acordaba esa ampliación (…) tenía la responsabilidad de emitir el decreto de ampliación del plazo pero evidentemente hay muy poca seriedad”, expresó Catala, quien asegura que no se cumplió con lo acordado porque no se emitió la norma de ampliación del plazo y eso generó incertidumbre en el sector formal que todavía no sabe qué hará con claridad.

 

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