Las exportaciones de gas natural a Argentina cayeron durante el mes de noviembre, la caída se debe a una menor demanda de Argentina, que se ha atribuido a la llegada del verano. Pero hay otros factores que podrían afectar la demanda argentina de gas boliviano en el futuro cercano.

Uno de ellos es que Argentina ha anunciado que busca prescindir del gas boliviano y ya tiene una política de lograr autoabastecerse de gas en 2018.

Otro de los factores que ha puesto en riesgo las exportaciones futuras de gas natural es que las reservas bolivianas se están agotando. Según las cifras oficiales de YPFB las reservas no se han repuesto y al ritmo actual de exportación, empezaría a faltar gas para cubrir estas ventas, tan pronto como el 2016.

Esta situación ha generado un apuro por facilitar las operaciones de empresas extranjeras que busquen gas en el país.

Cinco nuevos contratos de servicios petroleros de exploración y explotación, suscritos el 23 de octubre de este año y aprobados por la Cámara de Diputados el reciente viernes 7 de diciembre violan el derecho a consulta de los pueblos, naciones indígenas y comunidades campesinas y las leyes y normas que defienden al medio ambiente de la actividad hidrocarburífera, denunció la diputada tarijeña de Convergencia Nacional (CN), Mirtha Arce.

La desesperación por encontrar más gas llega algo tarde, y podría resultar en daños ambientales que son difíciles de cuantificar.

En Otro tema, el INRA ha estado minimizando el tema de las tomas de tierras productivas en Santa Cruz. El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de ese departamento, Jorge Gómez, señaló que esta entidad solo tiene conocimiento de 10 a 12 predios productivos avasallados.

“Varios predios que han ido saliendo por denuncia, son predios que no tienen avasallamiento, sino conflicto de derecho, es decir, dos o tres personas se disputan el mismo derecho”, dijo.

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), más de 70 predios agroproductivos en Santa Cruz fueron avasallados por personas que además causaron daños materiales.

A la fecha solo se han realizado siete desalojos. La mayoría de los predios tomados, son productivos  en su mayoría producen granos de soya y maíz, para el consumo interno y la exportación.

El problema con las cifras del INRA es que algunas de las denuncias de los productoresque han sido avasallados involucran al instituto y su personal.

Según las denuncias, algunos de esos grupos de asaltantes de tierras, estaban dotados de información privilegiada, que sólo está en manos del INRA, acerca de los antecedentes de esas tierras, de la manera cómo fueron adquiridas, de los vacíos legales que pudieran existir y sobre otras tierras que pudieran tener los propietarios.

Los asaltantes, que llevaban consigo todo un alegato con antecedentes de los propietarios y proclamaban, a gritos, el derecho que supuestamente tienen de quedarse con esas tierras ya preparadas, en producción, en lugar de solicitar otras tierras fiscales, que las hay por millones de hectáreas.

Más aun cuando los propietarios acudían al INRA y pedían que se respeten sus derechos, las autoridades de esa oficina estatal proponían reuniones de “conciliación” entre propietarios y asaltantes, según dijo Fernando Azturizaga en Cadena A.

Estas reuniones de “conciliación” concluían generalmente con el pago que debían hacer los propietarios para que los asaltantes se vayan. O entregaban una extensión equis de su tierra, extensión que luego era loteada o vendida por los “toma-tierras”.

 

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