El nuevo ministro de Minería César Navarro denunció que cerca de 100 cooperativas mineras del país suscribieron contratos “millonarios” con empresas privadas para la explotación de las concesiones, que dejan ganancias mínimas a los trabajadores y regalías bajas para los departamentos.

Navarro, informó ayer que hay contratos de millones desde 1992, pero -según los datos del ministerio- los registros muestran que más de una decena se firmaron entre 2006 y 2014.

Los contratos que no gozan de “amparo legal”, según el Gobierno, fueron denunciados ante la protesta de los mineros cooperativistas por la modificación de 25 artículos del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia en la Cámara de Diputados. Aún así, el proyecto de ley fue aprobado sin modificaciones en grande y detalle en diputados, a pedido del propio presidente Morales.

La aprobación está ahora paralizada en senadores, por ser inconstitucional. Lo que resultó en el remplazo del ministro Virreyra.

EL nuevo ministro, adelantó que se reestructurará el equipo de asesores y técnicos del Ministerio de Minería y que continuará con la investigación para identificar a los responsables de las fallas en la elaboración de la ley minera, que produjo un conflicto entre el sector cooperativo y el Gobierno.

En este sentido, aseguró que no cree que Comibol haya ocultado información al Ministerio sobre la firma de contratos o la elaboración del proyecto de ley minera.

“Lo que nosotros necesitamos es información, podría suponerse que la Comibol nos haya ocultado la información, nosotros consideramos que no ha habido un trabajado efectivo de información constante y permanente”.

Si COMIBOL sabía de estos contratos lesivos al Estado entonces corresponden juicios de responsabilidad, el propio presidente dice que quiere procesar a quienes firmaron los contratos por traición a la patria.

Pero el hecho es que hay responsabilidad para rato. La existencia de estos contratos explicaría porque el artículo 151 está en el proyecto de ley minera. También explicaría por qué el proyecto se ha demorado más de 8 años en la asamblea plurinacional.

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin)  afirmó ayer que el Gobierno no puede anular los 42 contratos firmados entre las cooperativas y las empresas privadas, debido a que están enmarcados  en el Código Minero o Ley 1777 en vigencia.

“Los contratos están firmados, no pueden ser anulados porque están enmarcados en el Código Minero, aprobado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada”, sostuvo el asesor jurídico de Fencomin, Jaime Zambrana, reportó ANF.

Dijo que aun  se pueden suscribir contratos de riesgo compartido entre cooperativistas mineros y empresas extranjeras.

Zambrana insistió que los más de 20 contratos firmados entre las cooperativas mineras y el sector privado nacional y transnacional son “absolutamente legales”, y fueron promovidos por la Corporación Minera de Bolivia.

La solución al conflicto de intereses parece ser la de dividir a las cooperativas entre las que tienen contratos y las que no.

El propio ministro Navarro dijo que las que tienen contratos son menos del 10% de las cooperativas.

El tema es urgente pues está en juego el apoyo electoral de los cooperativistas que ya ha sido comprometido. Aunque una reciente amenaza de las cooperativas fue la de “bajar” a Evo Morales del poder si no se aprueba la nueva ley sin modificaciones.

 

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