Según el Deber de Santa cruz, Los chuquisaqueños marcharán hoy contra la propuesta de redistribución de escaños que planteó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la que Chuquisaca cede un curul. La protesta continuará el jueves, con la paralización de actividades por 24 horas. Las medidas de presión fueron ratificadas después de que fracasara el diálogo programado por el Gobierno con los cívicos potosinos para evitar el paro cívico anunciado para mañana.

Chuquisaca se convierte en el cuarto de los nueve departamentos en convocar un paro cívico en protesta por la redistribución de escaños. Beni, Potosí y Cochabamba también paralizan sus actividades por 24 horas.

Los ministros de Desarrollo Productivo, Teresa Morales; de Minería, Mario Virreira; de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, y de Autonomías, Claudia Peña, llegaron hasta la capital potosina a fin de reunirse con los cívicos y explicar la inversión que ejecuta el Gobierno en esa región. Y sin embargo, la cita no prosperó.

Potosí, llamarán a un cabildo para definir qué acciones seguir en rechazo a la propuesta del TSE y exigir atención a sus demandas.

En Cochabamba los cívicos no están conformes con los datos del censo, pues el presupuesto departamental perderá Bs 10 millones cada año.

Desde el punto de vista económico los paros representas pérdidas pero lo que reclaman los departamentos son pérdidas aun mayores.

Los problemas de los escaños surgen del tan criticado censo del INE. Los resultados preliminares tuvieron una enorme variación con los resultados finales, pero el problema fue la credibilidad e las cifras oficiales.

Esto pone en duda la credibilidad del INE que da la cifra de inflación y de crecimiento del PIB y otras cifras de gran importancia para la economía nacional.

Los escaños perdidos son el primer caso real de un efecto sobre los departamentos del censo. Algunos departamentos perderán recursos al igual que los municipios. Uno de los resultados más criticados dice por ejemplo que la ciudad de La Paz, que a la vista de todos los paceños ha atravesado una explosión poblacional, resulta que tiene menos habitantes que hace diez años.

La desconfianza sobre el censo se suma ahora al censo agropecuario, no sólo por el mal precedente del censo de población si no por el tema de los avasallamientos.

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, denunció que 90.000  hectáreas de productores en la provincia Santistevan, fueron avasalladas y que esta situación pone en riesgo  la producción alimentaria y los futuros resultados del censo agropecuario.

“Estos problemas se repiten desde hace años y ya hay comunidades asentadas. Los procesos no prosperaron mucho, quedaron impunes y están prácticamente sin resolver la mayor parte de los casos y ni hay apresados”, declaró.

Esas tierras producen maíz, soya y trigo o estaban a la espera del siguiente cultivo, dijo Pérez.

Ante este problema, harán un pedido al Gobierno para que no se realice el censo en aquellos predios que están ocupados por avasalladores.

En este sentido el pedido de ANAPO es un poco extraño y en otros países podría sonar hasta sarcástico. Aseguran que si el ejecutivo nacional se enmarca en la legalidad, están dispuestos a coadyuvar con el INE en este proceso censal que  es de interés de sus afiliados.

Es un pedido de los productores para que las instituciones del estado cumplan la ley.

En el censo agropecuario se han encontrado la desconfianza en el INE con la desconfianza en el sistema legal. Ambos temas importantes para promover la inversión.

 

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