El precio del oro sigue cayendo y ya se habla de que alcance los 1.000US$/libra fina.

Desde principios de año el oro ha perdido 29,5% de su valor. Las acciones de las empresas mineras que se dedican a la extracción de oro han caído en alrededor de 52% en el mismo periodo.

Hoy lunes, como es costumbre en este espacio, veremos la más reciente edición de la carta informativa Siglo 21.

Hace 60 años se nacionalizaban minas para entregarlas a empresas estatales y ganar votos; ahora el propósito es el mismo pero se entregan las minas a las cooperativas, porque las empresas estatales están en quiebra.

La semana pasada, el gobierno admitió que estaba usando los yacimientos mineros como abierto cohecho a cambio de los votos de los cooperativistas. Lo dijeron el ministro de Minería, Mario Virreira y el viceministro, Isaac Meneses.

Esta admisión fue a propósito de la entrega de la mina Himalaya a la cooperativa Cerro Negro, a pesar de que la justicia tenía un fallo a favor de los dueños de la concesión minera.

El hecho se produce cuando falta un año para que llegue la recta final de la campaña electoral de las elecciones de fines del próximo año.

Los cálculos más difundidos dicen que los cooperativistas suman 120.000 en el altiplano, lo que daría a ese sector una capacidad de voto de por lo menos 360.000, algo nada despreciable para quienes manejan la campaña electoral del presidente EMA.

Sobre los cooperativistas mineros abiertamente ilegales, que trabajan yacimientos de oro en el oriente del país, no existen cifras. La semana pasada, en una reunión convocada para evaluar la minería ilegal en la cuenca amazónica, el gobierno admitió que no tenía cifras sobre las explotaciones furtivas de oro en la amazonía boliviana.

Aunque todavía falta un  año para las elecciones nacionales, Siglo 21 asegura que se están logrando acuerdos para asegurar votos desde ahora, y no sólo en el sector minero, con la entrega de yacimientos avasallados a los avasalladores.

Para esta campaña electoral, el presidente Morales ha decidido apoyarse en los sectores más duros del espectro masista: al anunciar una ley para ampliar los cocales legales de 12.000 a 20.000 hectáreas.

Se trata de una cifra que sólo sirve como referente de una legalidad muy débil. La verdadera extensión de los cocales supera las 50.000 hectáreas, según expertos en esta materia.

La movida tiene el propósito de dar a los cocaleros ilegales del Chapare la certeza de que ellos serán legalizados antes de las elecciones.

En 2008 se eliminó el financiamiento estatal de las campañas electorales de los partidos políticos, pero estas nuevas medidas equivalen inversiones del estado en campañas políticas.

El caso de la minería y los cooperativistas es el más evidente, por ahora nadie ha mencionado el hecho de que el programa “Bolivia cambia, evo cumple” lleva el nombre de un candidato electoral y consiste en repartir dinero a los municipios en ceremonias en las que participa el candidato.

Esto podría ser considerado como un uso de dinero del Estado para financiar la campaña de un candidato. Algo que se supone que no es legal desde que el 21 de agosto de 2008, a través de la Ley 3925 se eliminó el financiamiento a los partidos.

 

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