Según un  comunicado de la Cancillería española, “El Ministro García-Margallo ha reiterado a su homólogo boliviano el malestar del Gobierno español por la manera en que el Gobierno de Bolivia ha llevado a cabo las expropiaciones de Transportadora de Electricidad, filial boliviana de Red Eléctrica de España -en mayo de 2012- y más recientemente, el 29 de diciembre pasado, de cuatro empresas participadas mayoritariamente por Iberdrola, sin información ni diálogo previos y con ocupación policial de las respectivas sedes”.

El comunicado coincide con la visita del canciller Boliviano David Choquehuanca a Madrid y también con la intervención de otra empresa española que opera en Bolivia.

El fiscal Aldo Ortiz allanó ayer en El Alto la sede de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), un día después de que el Gobierno advirtiera la posibilidad de nacionalizar esta empresa, que es filial de las españolas Abertis y Aena.

Esta situación algo contradictoria coincide con las declaraciones Bolivianas en el encuentro de la Comunidad de estados de América latina y el Caribe.

Bolivia se sumó, en la cumbre CELAC-UE de Santiago de Chile, a los países que se niegan a conceder seguridades jurídicas a las inversiones porque prefieren tener espacio para restringir las libertades económicas.

Así que no habrá seguridades jurídicas para las inversiones, pero a cambio habrá una buena “ley de arbitraje”, según el ofrecimiento que hizo el miércoles el presidente Evo Morales a los empresarios.

Mientras los extranjeros buscan seguridad jurídica para las empresas que operan en Bolivia, En Bolivia la preocupación es doble. Por un lado está el hecho de que las inversiones dejen de llegar a Bolivia porque los países vecinos ofrecen mejores condiciones y sobre todo seguridad jurídica.

Pero por otro lado está la preocupación por cómo se administran las empresas que son expropiadas, nacionalizadas o recompradas por el estado.

La primera preocupación es por supuesto cuanto debe pagar el Estado boliviano , por las decisiones del gobierno de turno de recomprar acciones o de nacionalizar empresas por las que se deben pagar indemnizaciones. Las cuantas por indemnizaciones siguen subiendo y las demandas internacionales contra el país también.

La segunda preocupación es mayor, la administración de las empresas nacionalizadas no es siempre la mejor.

El propio presidente se quejo por el manejo del estado de la minería, cuando señaló que la productividad de Colquiri había reducido durante la administración de Comibol.

De hecho el presidente llego a cuestionar la utilidad de las nacionalizaciones si resultan en una menor producción.

En el sector petrolero, las condiciones son extremas dado que desde la nacionalización de los hidrocarburos, la producción de petróleo ha caído a menos de la mitad.

En el sector del gas natural lo que está cayendo son las reservas. Algunos analistas han cuestionado las más recientes cifras  de reservas anunciadas por el presidente interino de YPFB Carlos Villegas en su informe sobre el plan de inversiones de la nacionalizada.

El martes, el presidente de YPFB, informó que hasta el 31 de diciembre de 2012 las reservas probadas llegaron a 11,2 TCF, en una cuantificación interna.

La cifra de las reservas probadas de gas, que según YPFB aumentó a 11,2(TCF), carece de sustento técnico mientras no haya una nueva certificación, señalaron analistas del sector.

A mediados de este mes, el viceministro de Exploración y Explotación, Eduardo Alarcón, indicó que las reservas probadas y certificadas disminuyeron de 9,94 TCF en 2009 a 8,23 TCF en 2012.

Explicó que la caída obedece al consumo de 0,54 TCF en 2010, 0,58 TCF en 2011 y 0,59 TCF en 2012.

Es decir que desde que se hizo la última evaluación valida de las reservas de gas natural en Bolivia en 2009, Bolivia ha consumido 1,65 TCF. Y no ha confirmado ni un TCF adicional en reservas.

 

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